EL SENDERO DEL PEJE.... Pejetonterias, pejemanias, pejevideos.

La Crisis

El tiempo político se acaba. Las elecciones prácticamente terminaron con el conteo distrital del IFE. Vienen dos largos meses de impugnaciones en el Tribunal Electoral. La clave ha sido anotada en este diario pero no está por demás reiterarla: el debate en el Trife es legal, jurídico, no político. La única certeza que consideran las leyes es la jurídica, el cumplimiento de las leyes. Y López Obrador emprendió una campaña para debatir políticamente las elecciones. Por tanto, es de suponerse que el Trife va a dictaminar la legalidad electoral y decretará a Felipe Calderón como presidente electo.

Las presiones callejeras tienen una historia. Las comenzó López Obrador en 1991, a finales de noviembre. La llamó “Éxodo por la Democracia”. Fue la primera protesta por presuntas irregularidades en las elecciones municipales. López Obrador era el presidente estatal del PRD recientemente formado. El éxodo fue una caminata de Villahermosa Tabasco al DF. Se trataba de presionar al presidente Carlos Salinas. El saldo fue la caída del gobernador Salvador Neme Castillo. La presión social pegó por la existencia de una estructura electoral dominada por el gobierno federal. Existía aún la Comisión Federal Electoral presidida por el secretario de Gobernación.

En 1993 encabezó López Obrador la lucha de los barrenderos de Tabasco, los plantó en el DF, los llevó a un choque con los granaderos en terrenos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y luego los asentó en el zócalo por un acuerdo secreto con Manuel Camacho, entonces regente de la ciudad. El plantó se extendió hasta septiembre y amenazó con suspender la ceremonia del Grito de Independencia y del desfile del 16 de septiembre. Camacho negoció con López Obrador y logró levantar el plantó a cambio de “pagarles el desgaste físico” a los plantonistas. El dinero lo entregó Marcelo Ebrard en efectivo delante de varios testigos. Con dinero en la bolsa, López Obrador regresó a Villahermosa y abandonó la lucha de los barrenderos municipales.

Luego vinieron las marchas de noviembre de 1994 para protestar por el supuesto fraude electoral de Roberto Madrazo y López Obrador como candidato derrotado a la gubernatura de Tabasco. Aprovechó la coyuntura del cambio de gobierno. El plantó se quedó en el DF. El IFE acababa de estrenarse, pero aún presidido por el secretario de Gobernación. Y, ¡oh sorpresa!, el director era Arturo Núñez, luego furibundo lopezobradorista. Zedillo negoció con Porfirio Muñoz Ledo, presidente nacional del PRD, y acordaron la renuncia de Madrazo a la gubernatura. Pero una indiscreción de Muñoz Ledo alertó a Madrazo. Presionado en Los Pinos, aceptó renunciar. Pero camino a Tabasco habló con carlos Hank González y ahí encontró apoyo. Al llegar a Villahermosa, Madrazo no sólo no renunció sino que levantó el plantón a toletazos y con órdenes de aprehensión. López Obrador volvió a fracasar. Su segunda macha fue la “Caravana por la democracia”. Vino la de abril de 1995 llamada “Éxodo por la Dignidad, la Soberanía Nacional y contra el fraude de 1994”.

Y en 1996 encabezó la lucha de campesinos en contra de Petróleos Mexicanos y el cierre de pozos petroleros. Esa lucha le costó a la nación millones de pesos. López Obrador la declaró lucha pacífica pero los campesinos buscaron el choque con la policía. Finalmente, el gobierno estatal decidió desalojar los pozos con policías y en la trifulca López Obrador recibió un toletazo en la cabeza que le hizo sangrar y manchar la camisa. Orgulloso, lució la herida en una portada de la revista Proceso. Fracasado el movimiento, negoció el fin del conflicto a cambio de la cancelación de las órdenes de aprehensión.

La lucha callejera de López Obrador ha fracaso siempre porque carece de objetivo político. Se ha tratado sólo de armar relajo y de provocar la represión. Pero ante el endurecimiento, sus movimientos se han acobardado y ha terminado por ceder.

En el 2000 decidió la lucha pacífica. Aceptó la candidatura a jefe de gobierno del DF y consiguió el registro en las calles y no en el proceso legal porque carecía de residencia en la capital de la república. La denuncia fue hecha por los perredistas Pablo Gómez y Demetrio Sodi. Una marcha callejera intimidó al gobierno de Zedillo y autorizó su registro. El negociador de López Obrador con Zedillo fue René Bejarano. A lo largo de cinco años usó impunemente los recursos del gobierno del DF para su campaña por la presidencia, logró en ese tiempo tendencias en las encuestas de 50% promedio y siempre estuvo a la cabeza de todos los precandidatos. En 2004 ocurrió el intento de desafuero por haber violado un amparo pero Fox se intimidó con una manifestación en el zócalo del DF. De nueva cuenta se torció la ley para dejarlo en libertad.

Hoy López Obrador acude de nuevo a la protesta callejera para intimidar al país: la entrega de la presidencia o el caos social. Así de simple. Todas las argumentaciones perredistas sobre la apertura de los paquetes y el nuevo conteo de votos no buscan la certeza de los votos sino el reconocimiento a la victoria de López Obrador. Es decir, que no se trata de legitimar el resultado sino de entregarle la presidencia. Es decir, López Obrador quiere el poder, no la legalidad. Sólo que hoy hay problemas serios: en todas sus protestas se ha encontrado López Obrador con presidentes débiles y temerosos: Salinas, Zedillo, Fox. Y a todos les ha impuesto exigencias. Hoy, sin embargo, no se trata de una protesta contra Fox sino contra el IFE y contra el Trife, dos instancias que tienen regulaciones legales. La intimidación contra el IFE falló porque contra todas las presiones cumplió con el PREP y con el conteo distrital.

Ahora van contra el Trife. Pero ahí tampoco habrá resultados porque los magistrados tendrán que resolver en términos de ley, no por situaciones políticas. Lo peor es que el PRD y López Obrador han comenzado a enseñar sus cartas: primero fue el conteo voto a voto; ante la posibilidad de que se refrende la victoria de Calderón, ahora quieren imponer la “causal abstracta” que aplicó el Trife en Colima y Tabasco para anular las elecciones y reponer el proceso. Si el Trife cae en la trampa del PRD, la anulación obligaría a un presidente interino en una cámara de mayoría panista y priísta pero con un tercio en poder del PRD. El peligro que esgrimen los perredistas es que tampoco habría interino. Por tanto, ante la amenaza de un vacío legal de poder, el PRD quiere imponer a López Obrador como presidente de la república.