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Itinerario Político
Ricardo Alemán
31 de julio de 2006

El supuesto engaño del 2 de julio se queda en un mero juego de niños frente a la cultura de la trampa previa a 1996

M uchos de quienes se han pronunciado a favor del voto por voto creen, de buena fe, que un nuevo recuento de todos los sufragios emitidos el 2 de julio, o de una parte sustancial de ellos, sería la mejor fórmula para restablecer la credibilidad perdida, no sólo en las instituciones electorales mexicanas, sino en el conjunto del proceso comicial.

Y el razonamiento no sólo parece, sino que es de sentido común. Es decir, ante la existencia de una duda fundada sobre la transparencia de los votos emitidos ese domingo 2 de julio, lo razonable y hasta saludable sería que se recurra de nueva cuenta al recuento de todos los votos. De esa manera las partes y, sobre todo la sociedad en su conjunto, ratificarían su confianza en las instituciones electorales. Pero el asunto va mucho más allá del sentido común, incluso rebasa el siempre complejo sentido político. ¿Por qué? Porque sobre la duda original de que fue incorrecto el conteo de los votos llevado a cabo el domingo 2 de julio -duda que pudieran tener un tercio de los electores efectivos-, hay por lo menos dos tercios de esos electores que creen que la elección fue limpia. Ahora bien, si vamos al origen de la barroca legislación electoral mexicana, encontramos que el punto de partida de esa legislación vigente fue, precisamente, una generalizada percepción social de que las elecciones mexicanas no eran creíbles.

Es decir, que la actual legislación -una de las más costosas del mundo y que tienen el mayor número de candados de seguridad- fue producto precisamente de una pesada cultura ciudadana del fraude. Así, el supuesto engaño cometido en la elección del pasado 2 de julio se queda en un mero juego de niños frente a la cultura de la trampa de los años previos a 1996 -fecha en que el IFE se convirtió en ciudadano, en que el Estado financió a los candidatos y los partidos, y se creó el tribunal electoral-, y que precisamente dieron origen a las nuevas reglas del juego en materia electoral.

En pocas palabras, el IFE, el tribunal electoral, la ciudadanización de los procesos electorales, surgieron de una descomunal cultura social del fraude -y por eso las elecciones son tan caras-, y precisamente fueron creados para prevenir, sancionar y corregir escándalos del tamaño de las irregularidades de 1994, 1991, 1988... y por supuesto la patraña del dizque fraude del domingo 2 de julio de 2006.

La ley electoral vigente es, en realidad, un compendio de reglas que cierran el paso, por todos los frentes, a la cultura de la sospecha. Y todos los participantes en las elecciones del 2 de julio conocían esas reglas, las sanciones si es que las violaban, los procedimientos para dirimir las controversias y el proceder de las instituciones para resolverlas. Todos conocían esas reglas y las aceptaron.

Pero en realidad lo que presenciamos en la acalorada etapa postelectoral, más que un "escandaloso y horrible fraude" -como pretende el demagógico clamor de AMLO, quien por cierto no ha probado nada-, no es más que un efectivo y pernicioso montaje mediático mediante el cual se les hizo creer a miles de mexicanos -que de manera legítima creyeron en un cambio-, que fuerzas perversas les habían arrebatado la esperanza y el futuro. Es decir, que en forma malévola e interesada se creó en miles de ciudadanos la sensación de duda para luego, a partir de esa duda, sembrar la otra trampa, el reclamo del "voto por voto".

Y a partir de esa sensación ficticia y facciosa, con grandes acarreos que ni son asambleas, ni son informativas, ni son democráticas, aparece el fondo del asunto: que el candidato presidencial López Obrador no está dispuesto a someterse a las reglas del juego democrático, y que más que una elección lo que siempre buscó fue una proclamación. O es AMLO el nuevo presidente, o sobreviene el caos, parece ser el objetivo.

Primero se inventa la existencia de un fraude gigantesco, luego se engaña a la gente y se le acarrea a multitudinarias concentraciones, con lo que se presiona de manera brutal a instituciones como el tribunal electoral y a la opinión pública -porque la opinión pública también es una institución de la democracia-, y al final se le pide al tribunal que actúe de la misma forma en que lo hizo en Tabasco. Esto es, que declare anulada la elección. Y por qué anular la elección. Porque se busca llevar el proceso electoral a los tiempos de las concertacesiones, se busca destruir las instituciones electorales, que se sustentan en la confianza ciudadana.

Así, cuando el reclamo del "voto por voto" salta de la manipulación política que le dio origen a los espacios de la opinión pública -cuando se convence a líderes de opinión sensatos de que no hay otra salida más que la del voto por voto-, lo que se consigue no es más que descalificar la naturaleza del propio tribunal electoral y reconocer que el IFE no sirve. Pero éstos fueron creados para impedir los fraudes reales, como los de 1988, no simulaciones como las de hoy, que serían pecata minuta, si es que el propio tribunal no ha sido dinamitado.